EL VOTO DE CASTIGO, a nivel nacional.

 

Contra la mafia imperante que ha tomado el control absoluto del Congreso de la República, usurpando facultades y funciones de las principales instituciones y entidades del Estado para ponerlos al servicio de sus protervos intereses y para ello no les importa destrozar al país, como lo viene haciendo, ante la venalidad de cómplices silenciosos y cobardes.

Los peruanos vemos con estupor de cómo esta organización criminal destroza las instituciones del Estado con un proyecto político delincuencial que coloca al país en inviable para el ejercicio de la democracia y la libertad a la que tenemos derecho todos los ciudadanos.

Esto tiene que parar.

Ya es hora de la insurgencia popular. El artículo 46 de la Constitución Política del Perú – 1993 establece que “nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en “violación” de la Constitución y de las leyes. La población civil tiene el derecho a la insurgencia en defensa del orden constitucional. Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas”.

Ante las iniciativas de algunas personalidades de bien, respetadas y respetables, han hecho un patriótico llamado a asumir ese derecho constitucional, tenemos que apoyarlos con la ley en la mano con una actitud de valientes.

Y, como para los próximos procesos electorales, la mafia económica política, volverá utilizar su organización criminal para seguir manteniéndose en el poder junto con sus cómplices para dar visos de legalidad a sus propósitos, postularán con los mismos congresistas y nuevos elementos que por necesidad y sin dignidad, se prestarán para ello.

Para combatirlos, debemos ejercer el VOTO DE CASTIGO a nivel nacional contra todos los delincuentes - candidatos de sus organizaciones criminales, viciando  nuestros votos. Para alcanzar el 30% de votos nulos a nivel nacional, obligándolos a que se anule el proceso electoral y así sucesivamente hasta lograr expulsarlos de la política nacional a estas organizaciones criminales. No hay otra forma de cómo recuperar la verdadera democracia.

No importa que nos digan terroristas, actuemos, utilizando los mecanismos constitucionales, que aún nos quedan, para hacer justicia que es el valor primario de la vida en comunidad y que el ordenamiento social se cimiente en el bien común y solidaridad humana. No somos terroristas.

La persona humana es el fin supremo de la Sociedad y el Estado. Todos tenemos la obligación de respetarla y protegerla. Y eso estamos haciendo.   

La democracia en nuestro país, debe ser la organización de la conciencia del pueblo en torno a grandes objetivos nacionales como el desarrollo económico y la justicia social de pan con libertad.

Santos Alejos Ipanaqué.