El Legislativo y el Ejecutivo continúan “deslegitimándose” usurpando funciones y facultades constitucionales, convirtiendo en entidades irregulares. Convirtiéndose en organización criminal; “comprometiendo” mediante en el uso y abuso de las leyes y la constitución a las demás instituciones autónomas del Estado, a que se sometan a este descalabro moral, abusivo e ilegal, y dando paso al fortalecimiento de la corrupción y criminalidad generalizada en todo el país. No hay autoridad ni respeto a nadie ni a nada.
El caso es, que ya no tenemos autoridades, si no “oficiosos operadores de la mafia existente”, que subvenciona a los llamados “partidos políticos” para seguir manejando el país, como lo vienen haciendo a sus anchas, desde hace más de 35 años, en que la moral y el respeto público desapareció, con tal vivir del poder político y económico, sin importarles el futuro del país, ni del pueblo peruano.
En consecuencia, los peruanos estamos obligados, de alguna manera, asumir la conducción de los reclamos de nuestro pueblo, convocando a la sociedad civil organizada, para hacer respetar nuestros derechos en libertad y justicia, en virtud al artículo 46° de la Constitución Política del Perú, que establece “nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y las leyes. La población civil tiene el “derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional. Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas”.
Amerita esta advertencia, por el largo camino recorrido de utopías democráticas, como la llamada “sociedad sin clases” duramente cuestionada por sus fracasos, como la reciente, como la también utopía de la “sociedad del capitalismo” que postula el dudoso paraíso del mercado libre. Ambas se encuentran en el mismo punto de equilibrio de sobrevivencia por sus intereses; se necesitan para subyugar, explotar, marginar, sin acceso a la justicia social de las grandes mayorías.
Sin embargo, en este largo y trajinado camino, que va del autoritarismo a la libertad, aparece, la utopía de la “sociedad democrática” capaz de reemplazar y superar a las anteriores, ocupando lugar primordial para vencer la pobreza, la marginación y el desamparo, en que deben orientarse acciones, no tanto a eregir falansterios o colonias felices, sino a luchar pacíficamente por la tolerancia, la pluralidad, la modernización, el desarrollo y la paz social.
Esta última utopía, tiene la fuerza reivindicadora, quizá la única, racionalmente digna de nuestro tiempo.
En conclusión, el motor que impulsa el espíritu de esta nueva revolución del pensamiento, es la insurgencia ciudadana, que será justicia para nuestros sempiternos luchadores sociales, quienes lo hicieron, para un futuro Perú. Nuestro país merece un mejor destino.
Santos Alejos Ipanaqué
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