El 28 de Julio del 2009, el Presidente de la República en su mensaje a la Nación, dijo… necesitamos defender a los consumidores en las cosas concretas y diarias como el sobre costo de las tarjetas de crédito que es abusivo, las reconexiones telefónicas y de agua, los precios y la calidad de los servicios de salud y educación. Y, para ello presentaré al Congreso en setiembre, un proyecto de Código de Consumo que espero sea aprobado…La propuesta presidencial revela una visión histórica del Estado orientada a promover que, el sector público y privado faciliten los mayores y mejores espacios e instrumentos de información sobre los bienes y servicios que se oferten, a fin de hacer más transparente el mercado y dotar a los consumidores de una información veraz y necesaria para tomar decisiones racionales de consumo.
Dentro de ésta visión, el Estado está priorizando su labor de protección y defensa del consumidor, con especial énfasis, en los sectores más vulnerables de la sociedad, dadas las condiciones de desinformación, capacidad física, edad, niveles de cultura u otros factores que resulten más propensos a ser víctimas de algunas prácticas en el mercado. La propuesta presidencial tiene como antecedente el 15 de Marzo del año 1962 cuando el Presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy ante el Congreso de su país pronuncia una serie de apreciaciones respecto al papel que cumplen los consumidores en el desarrollo económico; decía entonces el Presidente Kennedy…que la ciudadanía plena no sólo depende de una adecuada protección y garantía de sus derechos políticos, ejercidos a través del sistema democrático, sino que se hace indispensable una adecuada protección y garantía de sus derechos económicos…y entonces formuló cuatro derechos básicos de los consumidores, que se mantienen hasta nuestros días. 1º el derecho a la información, 2º el derecho a la seguridad, 3º el derecho a escoger y 4º el derecho a ser escuchado. Sin duda los derechos de los consumidores se han convertido en tema de gran actualidad. El desarrollo económico, la apertura de mercados, la globalización y la competitividad han reforzado la posibilidad de que los consumidores puedan elegir y satisfacer sus necesidades. La tecnología trae mejores productos, la calidad se convierte en una consigna para toda empresa que se precie de ser competitiva y, la mayor competencia nos trae mejores precios y oportunidades.
Las formas de organización económica modernas nos han conducido, necesariamente, a repensar nuestro ordenamiento legal y, en particular, la protección que se le debe brindar a los consumidores. Consumidores exigentes generan empresas exigentes consigo mismas. El desarrollo de un país no depende sólo de la calidad de sus empresas, sino también de la calidad de sus consumidores. La calidad no depende sólo de quien produce, depende tanto o más de quien compra. Si los consumidores desean productos de mayor calidad, pueden reflejar esta expectativa a través de sus decisiones. Mejor dicho, en el proceso competitivo, los consumidores “premian” con su preferencia a empresas que sepan satisfacer mejor sus necesidades, lo que a su vez conllevará a que los proveedores mejoren sus estándares y reduzcan sus precios. Dentro de éste contexto, el tema de la defensa de los derechos de los consumidores es un tema que involucra el desarrollo de nuestro país. En 1985 la ONU adoptó los lineamientos generales para la protección y defensa de los consumidores a nivel mundial. De manera que, en nuestro país en 1991 con Decreto Legislativo Nº 716 Ley de Protección del Consumidor y al año siguiente (1992) se crea el INDECOPI. Ahora bien, qué se avanzado en la propuesta presidencial? El 18 de Octubre del 2009, el Ejecutivo presenta al Congreso, un anteproyecto del Código de Consumo, elaborado por una comisión encargada y presidida por el Dr. Walter Gutiérrez, Decano del Colegio de Abogados de Lima. El 21 de Octubre del 2009, el congresista Johnny Lezcano presenta al Congreso un proyecto de Ley del Código de Defensa del Consumidor y de Protección de la Economía Popular. Ambos proyectos se encontraban discutiendo, desde aquellas fechas, en la Comisión de Protección del Consumidor del Congreso de la República, donde participan en las discusiones, como invitados, los representantes de los gremios empresariales integrantes de la CONFIEP, de la Cámara de Comercio de Lima, Asociaciones de Consumidores, INDECOPI y otros más; hasta que, sorpresivamente el 7 de Abril del 2010, el Poder Ejecutivo presenta al Congreso un nuevo anteproyecto, cuyo contenido no expresa el espíritu protector y de defensa de los consumidores, donde al parecer se busca beneficiar fundamentalmente e inequívocamente a los proveedores y deja en el desamparo absoluto a la mayoría de consumidores, las asociaciones de consumidores no podrán presentar denuncias ante INDECOPI en defensa de los intereses de los ciudadanos, como lo han venido haciendo durante años, sino únicamente en defensa de sus asociados y de quienes les hayan otorgado poder expresamente, lo cual es un retroceso legal en beneficio de los empresarios.
Otra característica del nuevo anteproyecto es que no protegerá al consumidor común y corriente sino únicamente aquel que pueda probar ante las autoridades que actuó con “diligencia”, con “responsabilidad” y con “buena fe”, lo cual es un exceso desmesurado en beneficio de las empresas y que no se da en país alguno; Se debe defender y proteger al consumidor final que incluye al marginal, al vulnerable, al discapacitado, al quecha hablante, al analfabeto. Finalmente, el nuevo anteproyecto, parte de la premisa equivocada de que el único problema que existe entre proveedor y consumidor es la “asimetría de la información” la cual implica que el primero no le brinda la suficiente información al segundo, cuando el verdadero problema es la “asimetría de poder” en virtud de la cual el proveedor impone prácticas y cláusulas abusivas al consumidor quien no tiene cómo rechazarlas. Entonces cuál será el resultado de las deliberaciones de la ahora llamada Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los servicios públicos del Congreso de la República ¿dictaminará dentro del marco conceptual de la propuesta presidencial? Es cuestión de justicia social que esperamos los peruanos.
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