PENA DE MUERTE

 

En virtud a lo establecido por  nuestra Constitución Política, en su artículo 2º inciso 20, que reconoce el derecho de toda persona, a formular peticiones, individual o colectiva, por escrito, ante la autoridad competente.

Es que vengo ante usted para ejercer mi Derecho de Petición a fin de solicitarle que por su alta investidura en nombre del Estado peruano  “denuncie” la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, siendo competencia  del Poder Ejecutivo, quien dirige la política exterior y las relaciones internacionales con lo establecido 11) del artículo 118° de la Constitución Política del Perú, a fin de establecer la Pena de Muerte en nuestro país, para el tratamiento legislativo de execrables crímenes que vienen ocurriendo en forma ascendente en nuestra sociedad, provocados por Violadores sexuales de varones y mujeres, niñas y niños, actos que afectan profundamente a las víctimas y sus familiares. Homicidas violentos, que afectan a los familiares de las víctimas. Narcotraficantes de todo tipo de drogas naturales y químicas, que perjudican a los consumidores y a los familiares de éstos. Corruptos que le roban al Estado peruano, que afectan al país en su economía. Traficantes de seres humanos y sus órganos, que afectan a víctimas y sus familiares. Terroristas, que afectan a víctimas, familiares, comunidades y al país en general, etc. Ante estas lacras sociales no hay capacidad de respuesta de parte de nuestra legislación penal.

Por ello, es que solicito que al amparo del Artículo 78° de dicha Convención, inicie los mecanismos y las condiciones establecidas para que el Estado Peruano denuncie la Convención Americana de los Derechos Humanos en lo referente a la aplicación de la Pena de Muerte, que en opinión de la ciudadanía, ésta entidad no cumple su función de defensa de los derechos humanos de las víctimas, que cuando asesinan a un civil o a un militar, o policía no toman las acciones legales ni institucionales. Por eso los Derechos Humanos no sirven para nada dentro de su lógica.

Razones que nos convoca a ésta solicitud:

La vida humana debe que tener un precio (No económico, porque es imposible poner una cantidad a una persona). La cárcel no es suficiente compensación para la víctima, ni su familia, así que lo más justo es una vida por otra, o a quien a hierro mata a hierro muere (Mateo 52).

No es justo que un asesino tenga más derechos que la víctima, es necesario que se lleve a cabo un debido y eficiente proceso para un juicio justo.

Tal como está la economía nacional, la implementación de la pena de muerte ayudaría a aliviar las arcas del estado, ya que actualmente, existen un promedio de 85,000 presos en las distintas cárceles del país, y el costo mensual de cada uno de ellos, es de S/.1,500.00 soles mensuales, aproximadamente, entre alimentación, luz, agua, vigilancia, medicina, psicólogos, etc., sin contar los gastos policiales, jurídicos y otros.

Los familiares de las víctimas claman justicia, ante un execrable crimen y la pena de muerte en éstos casos, es justa y necesaria.

Un criminal muerto, no podrá volver a cometer un crimen, pero vivo sí.

Los argumentos a favor de la pena de muerte sería en el caso de que se tengan las pruebas fehacientes e irrefutables de que ésa persona no se va a reintegrar a la sociedad y en donde se le ponga continuará lastimando a otras personas, caso común de los reincidentes, por ello es necesario la implementación de la pena de muerte.

Estas personas simplemente no tienen los valores para convivir en una sociedad, es decir no respetan la vida de sus semejantes y son capaces de matar, lastimar, vejar o abusar de otras personas, las veces que puede.

A éstas personas no tenemos porqué, los contribuyentes seguir manteniéndolos de por vida en una prisión, desafortunadamente no hay un lugar en el mundo, donde podríamos “desterrarlos” para que no tengan nunca más contacto con la sociedad y evitar así, que vuelvan a cometer otro crimen.

No debemos gastar dinero de los contribuyentes en costos carcelarios e innecesarios para mantener y cuidar  personas absolutamente despreciables por la sociedad que han matado, violado y destruido vidas de víctimas, familias y amigos por siempre.

Por lo expuesto, Señor Presidente, es deber constitucional proteger la vida y valores de todos los peruanos para construir un país mejor y seguro para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Los peruanos como yo, esperamos tome la acertada decisión de “denunciar” la Convención Americana sobre Derechos Humanos para implementar la pena de muerte en nuestro país, que el pueblo está esperando.

Depende de usted. Señor Presidente, con todo respeto.