ROMANCE CHINO Y LOS TRABAJADORES PERUANOS.

 

En 1992, el Perú inicia un proceso de privatización empresarial, las empresas gubernamentales se ubican  en la minería y el Petróleo. El desconocimiento del estilo de gestión de las empresas chinas llevó a muchos a creer que la inversión china significaría el acceso a innovación tecnológica y a condiciones de trabajo superiores a las aquí existentes. Nada más equivocado.

Se inicia la privatización con Hierro Perú, ubicada en Marcona, provincia Nasca, departamento Ica, los trabajadores y el sindicato ansiaban que China ganaría, pensando que “el socialismo llegaría al fin a la empresa minera”. Finalmente celebraron cuando Shougang compró la empresa en 120 millones de dólares, más el compromiso de invertir 150 millones de dólares en corto plazo. La empresa aceptó reconocer permanente de los principales derechos laborales y convenios colectivos con los sindicatos de los trabajadores. Luego, la delegación sindical fue invitada a China a sostener conversaciones con representantes de la empresa y de los trabajadores.

El vicepresidente de la Corporación Shougang les manifestó que: “en todas las empresas se  aplica el sistema de trabajo chino y que la inversión dependía siempre, del nivel de las  utilidades que lograban conseguir con el trabajo”

El romance duró muy poco y bien lo dijo Juan de Dios Ramírez Canchari, dirigente despedido, del sindicato de Hierro Perú y ex secretarios general de la Federación Minera. Poco tiempo después, 1993, los chinos se negaron a pagar las utilidades a los trabajadores por 11 millones de dólares. Es también el inicio de un conjunto de agresiones a los trabajadores que alcanzan su punto culminante con el despido de 4  dirigentes sindicales y la huelga de 42 días por su pliego de reclamos y a raíz de ello, la empresa aplicó una política de acumular juicios por deudas a los trabajadores, desconocimiento de convenios, eliminación de licencias sindicales, amenazas de despido, a partir del segundo años de operaciones la empresa china empezó a declarar pérdidas, aún en el auge de la actividad minera  con los precios internacionales a su favor, etc, etc.

Otro caso.

La empresa china Sapet ganó en 1994 la licitación para explotar el lote 7 en el norte del país, Lobitos, El Alto en la provincia de Talara, departamento Piura. Se comprometió perforar 60 nuevos pozos en un año. Sin embargo no hizo ninguno, el problema, dice Wilfredo Herrado, dirigente del Sindicato Unificado de Trabajadores del Petróleo y Energía de la región Piura, es que la tecnología que utilizan los chinos es tan obsoleta en relación a la tridimensional utilizada por Petroperú, que no pueden encontrar petróleo.

Contra todo lo esperado, en los años que lleva la empresa en el lote la extracción de petróleo ha decrecido aproximadamente 25%. Ése sería el resultado del modelo chino de trabajo: tecnología obsoleta y trabajadores sobreexplotados a los que pagan un sol por hora en jornadas de 12 horas por día. Como no hay sindicato, SAPET tiene las manos libres para decidir en qué condiciones se contrata al trabajador peruano.

Sin embargo, ese mismo año, 1995, se decide entregar el lote 6, que es el más rico en petróleo, a SAPET. Al parecer, los procesos de privatización se hacen al margen de los intereses de la economía, del país y de los trabajadores peruanos.

La otra globalización.

Finalmente, la admiración por el milagro asiático que deslumbra a muchos no les permite observar la “otra ola”  que se ha levantado en el mundo y que deja ver procesos ligados a la globalización, pero de distinto signo. Frente a las tendencias hacia la sobreexplotación de los trabajadores en el mundo, hoy está surgiendo un movimiento mundial contestatario que está poniendo en jaque a las más grandes multinacionales en el mundo y a los propios Estados que han basado hasta hoy las ventajas competitivas de sus economías en las malas condiciones de sus trabajadores.

Los bajos costos laborales, apertura a capitales extranjeros y poca supervisión gubernamental parecen ser características del actual modelo peruano, que tiende a profundizarse a partir de la llamada “segunda ola de reformas estructurales”.

La nueva estrategia no sólo se ha limitado a la simple protesta ante los tradicionales organismos internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sino que se busca ligar dos temas que, tomados de forma conjunta, han demostrado su carácter explosivo: Comercio y Condiciones e Trabajo.

De esta combinación ha surgido lo que hoy conocemos como comercio justo. Si la justicia parecía pasada de moda, esta tendencia mundial nos dice no sólo lo contrario, sino que hoy la búsqueda de esa justicia social dispone de nuevos y poderosos instrumentos de presión.

Es en la esfera del comercio mundial donde se están enfrentando los distintos modelos de industrialización y desarrollo. ¿Cómo avanzar hacia la libertad de comercio cuando hay países que basan su competitividad en condiciones inhumanas de trabajo? La respuesta es una sola: se tiene que avanzar en niveles homogéneos de condiciones de trabajo. En caso contrario, las ganancias de las empresas y los países en el comercio internacional podrán verse seriamente cuestionadas por una acción internacional que ha tomado la forma, en ésta década, de campañas internacionales, uno de cuyos principales ejes es la denuncia de los abusos que afectan las condiciones de trabajo en el mundo.

Cada día hay más movimientos en Europa y América que participan en esas campañas internacionales con el objetivo de frenar los atropellos a los trabajadores en el mundo. Estos movimientos son de muy variado origen: sindicatos, ecologistas, movimientos de defensa del consumidor, feministas y toda una red de solidaridad internacional.

Muchas campañas van dirigidas contra empresas transnacionales, presionándolas para que suscriban Códigos de Conducta, esto es, un compromiso que las obliga a respetar derechos básicos de los trabajadores, cualquiera sea el país donde se instalen. Este mecanismo de denuncia de los excesos del neoliberalismo está haciendo retroceder a grandes corporaciones que hace unos años ignoraban por completo a estos activistas.

Se han movilizado miles de personas e instituciones en el mundo para presionar a la empresa para que obligue  a las que subcontrata en Asia a respetar los derechos de los trabajadores. Las transnacionales han transferido el trabajo sucio de la cadena de producción a otras empresas que subcontratan, sobre todo en el sudeste asiático. Pero la presión no sólo se centra en las empresas privadas, sino que ahora se está concentrando en los gobiernos.

China es uno de los países que está recibiendo mayor presión para que varíe su policía sobre condiciones de trabajo.

Vietnam es objeto de campañas contra la sobreexplotación y el trabajo infantil.

Tailandia, Filipinas, Indonesia, son cuestionadas por la violación de los derechos básicos de los trabajadores.

El tema de las condiciones de trabajo y el comercio está  presente en la propia Organización Mundial de Comercio (OMC) a través de la famosa cláusula social.

Para concluir, se debe señalar apropiadamente la posición oficial de países emergentes como el nuestro el de rechazar éste tema, que con el pretexto de protección de parte de los países industrializados, buscan crear protocolos o acuerdos multinacionales para imponernos barreras a los productos de países emergentes con el argumento de que son producidos en malas condiciones de trabajo. La tendencia, sin embargo, es que este tema forme forma parte de la nueva “agenda mundial” y que países como Perú, hacen mal en n tomarlo en cuenta.

Para variar, parece que llegamos nuevamente tarde a la repartición de los modelos, pues pretendemos poner en marcha uno que ya no tiene mucho futuro.