La orientación política del actual gobierno que considera necesario aprovechar la crisis energética mundial para flexibilizar a diestra y siniestra los criterios contractuales con empresas transnacionales mineras, cuando sostiene que para un buen inversionista o empresario, no hay mejor momento de inversión y de ganancia que la crisis que produce temor e incertidumbre; y que son los audaces los que ganan y son los que tienen la decisión los que hacen las buenas inversiones porque es aprovechar del miedo de otros, que es también parte del negocio.
Visto así, entendemos el por qué el Perú, actualmente tiene más de 80 contratos de exploración y explotación de petróleo en todo el territorio nacional. Y la experiencia de la empresa petrolera PetroTech SA, recordada por el escándalo de los “petroaudios” tuvo que ser vendida en los Estados Unidos sin pagar impuestos para el Perú a las empresas Ecopetrol de Colombia y Koream National Oil Corporatión, y para seguir operando en el país, donde tiene otras concesiones petrolíferas en Piura y Tumbes, ha tenido que optar la denominación de SAVIA Perú SA.
Es así, que el Estado le ha concesionado el Lote Z-33 ubicado en el zócalo continental en una extensión de 849,566 hás, con una profundidad de agua en el rango de entre 400 a 1,200 pies, comprendida desde el distrito de Pachacamac (playa Conchán) de la provincia y departamento de Lima hasta el distrito de Tambo de Mora de la provincia de Chincha, departamento de Ica.
En consecuencia, el Estado Peruano a concesionado a la empresa americana SAVIA Perú SA, esta área marítima con la finalidad de realizar acciones de perforación exploratoria y sísmica del grado 2D bidimensional y 3D tridimensional del mencionado lote y para ello a contratado a la Consultora ERM Perú SA para elaborar el Estudio de Impacto Ambiental –EIA- que pretende instalar en la referida zona 24 plataformas y 144 pozos petroleros (48 pozos exploratorios y 96 pozos confirmatorios).
La Consultora ERM Perú SA asegura (?) en su informe, que los impactos en la calidad de aire, tráfico marítimo, niveles de ruido en el mar, la composición de fitoplancton, zooplancton e ictioplancton serian de manera leve. Asimismo, afirman que sería moderada una posible alteración de la biomasa de los peces, tortugas y mamíferos marinos en la zona.
Los pescadores artesanales y cordeleros de Pachacamac, Pucusana, Bujama, Lurín, Chilca, Mala, Asia, Cerro Azul y Cañete agrupados en el Frente Único de Defensa de los Pescadores Artesanales de la provincia de Cañete, como los del Frente de Defensa de Pescadores Artesanales de Chincha ya se pronunciaron en contra de las conclusiones de ese Estudio de Impacto Ambiental por considerarlo “ endeble e inconsistente” que no les garantiza su supervivencia por las operaciones petroleras que se pretenden realizar en el litoral donde ellos realizan su trabajo de pesca diario y ponen como ejemplo el derrame petrolero ocurrido últimamente en el Golfo de México y, que pudiera suceder en nuestro litoral peruano.
El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) no nos garantiza que ello, no pueda ocurrir. Se espera el pronunciamiento de las autoridades competentes de la provincia de Chincha y de Cañete.
La empresa Petrolera SAVIA Perú SA como la Consultora ERM Perú SA deben garantizar la no destrucción de nuestras zonas de pesca y su contaminación ambiental, igualmente, evitar la extinción de la masa ictiológica y consecuentemente la desaparición del pescador artesanal.
Los dirigentes de estos gremios sostienen, que las autoridades deben participar en la garantía de los efectos del impacto ambiental del proyecto petrolero en la zona. De lo contrario, no nos iremos a quedar callados, hasta que se respeten sus derechos, tienen que ser atendidos en sus reclamaciones, Basta de atropellos y mentiras, tenemos que comer, no hoy, sino por el futuro. ¿Qué va a ser de nuestro mar? Sostienen con mucha razón.
Por su parte, el Estado también, está obligado a defender los derechos irrenunciables del país y el gobierno su responsabilidad de cumplir y hacer cumplir las leyes, promoviendo la inversión posible y la “racional utilización y explotación de los recursos naturales” que son fuente viva de todo un pueblo.
Bienvenida la inversión privada, venga de donde venga, pero tiene que adecuarse a nuestras leyes y costumbres de nuestro país y sus comunidades que son la mayoría.
Esto implica, necesariamente, para el Estado y el gobierno actual, desarrollar temas de seguridad y defensa, que deben estar dirigidas a garantizar la calidad de vida de los pescadores artesanales, la independencia, la soberanía, la integridad nacional, el orden público, la consolidación del proceso de democratización de la sociedad civil y el respeto a la constitución.
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